En 1968, cuando La hora de los hornos circulaba como panfleto clandestino y la política argentina ardía en la calle, filmar ya era intervenir. La Ley 17.741 de 1967 había creado el Fondo de Fomento Cinematográfico: una parte de lo que el público pagaba por ver cine volvía al cine. No era caridad; era política cultural. Décadas después, en dictadura, películas como La Patagonia rebelde o La tregua se filmaron contra el silencio impuesto. El Estado fue a veces obstáculo, a veces sostén parcial. Pero la idea de un sistema propio, ajeno al puro Mercado, ya estaba plantada.
Con la democracia, el INCAA se volvió pieza central. Imperfecto, con clientelismo y burocracia lenta en algunos tramos, pero decisivo. El Instituto permitió el Nuevo Cine Argentino de los noventa, el cine industrial, el popular y el experimental. De Nueve reinas a Zama, de El secreto de sus ojos a Cuando acecha la maldad: ninguna fue un milagro aislado. Todas las películas nacieron de un ecosistema que mezclaba inversión privada, coproducciones y apoyo estatal previsible.
Hoy, en marzo de 2026, el panorama es completamente diferente. La reforma laboral aprobada en febrero postergó hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de las asignaciones específicas que alimentan el Fondo de Fomento (el 10% de las entradas de cine, el 25% de la recaudación de ENACOM, entre otros). Hasta ese entonces, el esquema se mantiene. Después, el INCAA dependerá exclusivamente de partidas presupuestarias anuales: ya no estructurales, sino contingentes, año a año, a merced de decisiones políticas.
En un galpón reciclado de Barracas, las luces del set se apagan. El director; poco más de treinta, ojeras marcadas; guarda la cámara en una mochila gastada. El equipo —unas veinte personas— lleva meses esperando un desembolso que no llega. Un asistente renunció a su anterior trabajo en publicidad para hacer “algo propio”. Una directora de arte bajó desde Tucumán por una apuesta federal que se desvanece. El sonidista murmura: “Si esto cae, vuelvo a las ferias”. El productor apaga la última luz y dice sin énfasis: “Bueno, chau. Fue lindo mientras duró”. No hay llanto. Hay silencio. Ese silencio no es solo de un rodaje trunco: es el de convocatorias congeladas, concursos que no se abren, proyectos en desarrollo que entraron en pausa indefinida.
En 2023, el sector audiovisual empleaba directa e indirectamente a más de 60.000 personas: técnicos, actores, montajistas, vestuaristas, electricistas, choferes. No estrellas: trabajadores. Este sector representaba alrededor del 0,6% del empleo privado registrado. Cuando un rodaje se cae, no se pierde solo “cultura”: se caen contratos de catering, alquileres de equipos, hoteles en provincias, talleres de vestuario. En 2024 y 2025 los sindicatos técnicos reportaron caídas de más del 40% en días de rodaje respecto a picos previos. La Asociación Argentina de Actores alertó por la baja en contrataciones nacionales.
El sistema nunca fue un paraíso. Hubo sobrefinanciamiento discrecional, películas con subsidios importantes y casi nula audiencia, productores más hábiles en pasillos administrativos que en la sala de montaje. Burocracia lenta, criterios opacos. Negarlo sería ingenuo. El INCAA necesitaba reformas: más transparencia, control, criterios públicos y auditables, evaluación de impacto cultural real (no solo administrativo), federalización efectiva más allá de la declaración, incentivos a coproducciones con seguimiento de resultados. Modelos como los fondos concursables con veeduría ciudadana en Chile o Uruguay podrían servir de referencia.
Pero la discusión se volvió binaria: defensa romántica sin autocrítica o demolición por eficiencia. En el medio quedó el sistema real, con virtudes y fallas. Lo que se pierde con la reforma no es solo volumen: es previsibilidad. En una industria que planifica a dos o tres años, la incertidumbre paraliza más que el recorte inmediato. Sin Fondo que arriesgue por óperas primas, documentales incómodos o historias regionales sin taquilla garantizada, el Mercado tiende a concentrarse en lo previsible. La lógica comercial no siempre coincide con el fomento cultural.
Las plataformas ya ocupan parte del vacío. Buscan retención global, formatos replicables, métricas algorítmicas. No son enemigas: son empresas. El riesgo no es la ausencia de pantallas, sino que el relato argentino quede reducido a postal o caricatura, que lo incómodo no encuentre financiamiento, que la experimentación se vuelva un lujo.
El legado del INCAA no está solo en los premios. Se lo encuentra en la chica de veinte años en Jujuy que ve La chica que sanaba y piensa yo también puedo contar mi historia. En el pibe de La Matanza que, tras ver Puan, la película, entiende que la universidad pública es lugar de pensamiento. En la abuela que llora con Argentina, 1985 porque por fin alguien nombró lo vivido sin eufemismos.
Ese legado fue contradictorio, político, discutido. Pero fue. Si el sistema necesitaba reformas —y sí las necesitaba—, la conversación debía ser respecto a cómo mejorarlo: con mecanismos concretos, transparencia real y federalismo efectivo. No está bien que el foco apunte hacia cómo apagarlo lentamente hasta que la inercia haga el resto.
En el galpón de Barracas, el polvo ya cubre los rieles del travelling. La directora de arte vuelve a Tucumán con bocetos que quizá nunca se filmen. El sonidista mira pasajes a España. La cámara queda guardada. Afuera, la ciudad sigue: tránsito, inflación, estadísticas. El cine nunca resolvió esos problemas. Pero ayudó a narrarlos.
Un país que deja de narrarse a sí mismo empieza a mirarse en espejos ajenos. La pregunta no es si el INCAA fue perfecto. Es si estamos dispuestos a perder —o a reformar de verdad— el instrumento que, con todos sus defectos, nos permitió contarnos durante más de medio siglo. No es romántico. Es político. Y también, profundamente, una cuestión de trabajo, memoria y futuro.
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