El poder ya no puede leerse solamente desde la Casa Rosada. En una Argentina atravesada por la disputa entre estabilidad, crecimiento y distribución, la capacidad de transformar un programa político en política pública depende cada vez más de la articulación entre recursos institucionales, territoriales, económicos y sociales.
Hay momentos en la historia política en los que el problema central no consiste en determinar quién ocupa el centro de la escena, sino en comprender cómo se organiza el poder alrededor de ese centro.
Argentina atraviesa uno de esos momentos.
El gobierno de Javier Milei llegó al poder con una propuesta de transformación profunda de las reglas económicas: reducción del tamaño del Estado, disciplina fiscal, desregulación, estabilización monetaria y una mayor orientación de la economía hacia la inversión y las exportaciones. Más allá de las posiciones que cada sector adopte frente a ese programa, existe un dato político que resulta difícil ignorar: buena parte de la discusión pública dejó de girar exclusivamente alrededor de la legitimidad del diagnóstico y comenzó a trasladarse hacia una pregunta diferente.
¿Cómo se convierte un programa político en una estructura estable de políticas públicas?
La pregunta adquiere especial relevancia en estos días. El Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027 y con una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, pero no dispone por sí solo de los votos necesarios en el Congreso. Por eso, la relación con gobernadores y bloques legislativos adquiere una importancia central. La agenda del Ejecutivo se encuentra atravesada por negociaciones con actores que no forman parte orgánica de La Libertad Avanza.
La escena resulta reveladora, el poder no desapareció de la Casa Rosada, pero tampoco está concentrado allí, sino que está distribuido y, sobre todo, está condicionado por relaciones que el gobierno debe poder gestionar.
Del poder como posesión al poder como relación
Una lectura tradicional de la política tiende a preguntar quién tiene el poder.
Una lectura más compleja debería preguntar qué recursos posee cada actor, de quién depende y qué puede hacer con esos recursos en relación con los demás.
El Presidente dispone de la iniciativa política y de la capacidad de definir buena parte de la agenda pública. El Congreso posee la potestad legislativa y presupuestaria. Los gobernadores cuentan con representación territorial y con legisladores que pueden resultar decisivos en determinadas votaciones. Los sindicatos poseen capacidad de organización y movilización. Las empresas concentran recursos económicos, capacidad de inversión y conocimiento sectorial. Los movimientos sociales tienen capacidad territorial. Las universidades producen conocimiento, formación y capacidades profesionales. Los mercados financieros condicionan el acceso al crédito y el costo de financiamiento.
Ninguno de estos recursos es equivalente, y precisamente por eso el poder no puede reducirse a una competencia por ver quién acumula más. Puede ser más útil pensarlo como un sistema de intercambios y dependencias.
Un gobernador necesita recursos, previsibilidad fiscal, infraestructura o determinadas políticas nacionales. El Gobierno nacional necesita votos en el Congreso.
Una empresa necesita estabilidad macroeconómica, reglas previsibles e infraestructura. El Estado necesita inversión, producción, empleo y generación de divisas.
Los sindicatos necesitan preservar capacidad de representación y negociación. El Gobierno necesita determinados niveles de gobernabilidad laboral.
Los legisladores necesitan representar intereses partidarios y territoriales. El Ejecutivo necesita construir mayorías.
En cada caso existe una relación.
Y en cada relación existe la posibilidad de conflicto, negociación, cooperación o veto.
Por eso, bloquear una política no equivale necesariamente a estar en condiciones de reemplazarla.
Esta distinción resulta particularmente importante para pensar el escenario opositor.
La nueva geometría política
La política argentina suele representarse mediante una línea: oficialismo de un lado, oposición del otro, sin embargo, esa geometría empieza a resultar insuficiente.
Los acontecimientos recientes muestran relaciones más móviles. El Gobierno negocia con gobernadores de distintos espacios; las provincias, a su vez, negocian con la Nación procurando preservar recursos y márgenes de autonomía; los bloques legislativos pueden acompañar determinadas iniciativas y rechazar otras. Las diferencias no siempre responden estrictamente a la pertenencia partidaria.
La negociación por el Presupuesto 2027 constituye un ejemplo concreto. Los gobernadores buscan conocer cuánto recibirán sus provincias, mediante qué mecanismos y qué partidas tendrán garantías legales, mientras el Gobierno procura obtener respaldo legislativo para su programa.
La propia composición de la delegación argentina que participará de la Argentina Week en París muestra esa lógica: gobernadores de diferentes espacios fueron convocados en un momento en que el Ejecutivo necesita construir acuerdos para avanzar en el Congreso.
Lejos de afirmar que todos estos actores forman una alianza, puede observarse algo diferente: las relaciones de poder no coinciden necesariamente con las fronteras formales de los partidos.
Ese desplazamiento es fundamental.
Porque si el poder se articula de manera transversal, una oposición que solamente se piense como bloque de resistencia corre el riesgo de interpretar el sistema mediante categorías que ya no explican completamente su funcionamiento.
Tres capacidades diferentes
Dentro de esta nueva geometría pueden distinguirse, al menos analíticamente, tres capacidades.
La primera es el poder de veto: la posibilidad de impedir que una decisión avance.
La segunda es el poder de negociación: la capacidad de modificar las condiciones bajo las cuales una decisión puede ser aceptada.
La tercera es el poder de construcción: la capacidad de lograr que actores diferentes coordinen recursos, intereses y capacidades alrededor de un objetivo común.
No son categorías jerárquicas. Un actor puede tener una enorme capacidad de veto y una reducida capacidad de construcción. Otro puede negociar eficazmente determinadas políticas sin disponer de recursos suficientes para construir una alternativa general.
La tercera dimensión es, quizás, la más difícil de observar porque requiere algo más que capacidad de presión, requiere articulación y entonces aparece una de las preguntas centrales del momento argentino:
¿Quién puede transformar recursos dispersos en una arquitectura política capaz de producir políticas públicas sostenibles?
El problema de la oposición
Para la oposición, esta pregunta tiene una consecuencia importante.
La existencia de problemas económicos o sociales no produce automáticamente una alternativa política. La experiencia histórica demuestra que el deterioro de un gobierno puede generar descontento, pero el descontento no constituye por sí mismo un programa.
Los datos recientes permiten comprender la magnitud de la tensión. El INDEC registró una pobreza del 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, una indigencia del 7,5% y una tasa de desocupación del 7,9% durante el segundo trimestre. En julio, el EMAE cayó 2,9% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados. Al mismo tiempo, la inflación mensual de agosto fue del 1,7%.
Estos datos no constituyen una explicación completa de la economía argentina, pero sí muestran una tensión relevante: la estabilización nominal claramente no resuelve por sí misma la cuestión del crecimiento, el empleo, los ingresos y la movilidad social.
La discusión, entonces, no debería quedar atrapada entre dos afirmaciones simplificadoras: “la estabilización soluciona los problemas” o “la estabilización fracasó porque persisten problemas sociales”. Ambas reducen una cuestión mucho más compleja.
Una economía puede experimentar una mejora significativa de determinados indicadores macroeconómicos y, simultáneamente, atravesar dificultades en materia de actividad, empleo o distribución.
La verdadera discusión comienza precisamente allí.
Estabilidad no es desarrollo
Este punto merece especial atención, ya que la estabilidad macroeconómica constituye una condición relevante para cualquier proyecto económico sostenible. Sin equilibrio fiscal, una política monetaria creíble, capacidad de generar divisas y reglas relativamente previsibles, resulta difícil sostener inversiones y crecimiento durante períodos prolongados.
Pero de allí no se desprende que estabilidad y desarrollo sean sinónimos.
La estabilidad responde a una pregunta:
¿Cómo evitar que los desequilibrios destruyan las condiciones básicas de funcionamiento de la economía?
El desarrollo agrega otras:
¿Qué produce la economía?
¿Con qué productividad?
¿Para qué mercados?
¿Cuántos empleos genera?
¿Qué salarios permite sostener?
¿Cuántas divisas genera?
¿Cómo se distribuyen los frutos del crecimiento?
¿Qué capacidades tecnológicas acumula?
Y una pregunta aún más profunda:
¿Cómo se transforma el crecimiento económico en movilidad social?
La discusión argentina suele presentar estas cuestiones como alternativas excluyentes: Estado o mercado, ajuste o gasto, exportaciones o mercado interno, estabilidad o distribución. Sin embargo, una mirada desde las capacidades del Estado permite formular el problema de otra manera. No se trata solamente de discutir cuánto Estado debe existir, se trata de discutir qué Estado es capaz de hacer qué cosas.
De “más Estado” o “menos Estado” a “qué Estado”
Un Estado fiscalmente sostenible no es necesariamente un Estado pequeño.
Tampoco un Estado grande es necesariamente un Estado capaz.
El tamaño constituye una dimensión cuantitativa. La capacidad es una dimensión institucional. Y es en este punto donde el Peronismo debe demostrar con consistencia su capacidad de gestión y no sólo de narrativa, desde una tercera posición real.
Un Estado puede recaudar mucho y ejecutar mal. Puede gastar mucho y producir pocos bienes públicos. Puede intervenir ampliamente y generar incertidumbre. También puede reducir determinadas áreas de intervención y, al mismo tiempo, fortalecer capacidades estratégicas. Por eso, la discusión más productiva quizás no consista en establecer de antemano si Argentina necesita “más” o “menos” Estado.
La pregunta podría ser otra:
¿Qué capacidades estatales necesita una economía que pretende estabilizarse, crecer, generar divisas y mejorar las condiciones de vida de su población?
Infraestructura. Educación. Salud. Seguridad. Administración tributaria. Regulación. Sistema científico y tecnológico. Financiamiento. Política exterior. Capacidad de planificación. Información estadística. Coordinación federal.
Y, por supuesto, una estructura fiscal compatible con esas funciones.
Esto modifica sustancialmente el eje de la discusión. El debate deja de ser solamente ideológico y comienza a ser también institucional y económico.
El desafío particular del Peronismo
Dentro de este escenario, el peronismo ocupa un lugar singular, no solamente por su peso histórico sino porque constituye un espacio que reúne recursos de naturaleza diferente: gobernadores, intendentes, legisladores, sindicatos, organizaciones territoriales, estructuras partidarias y una identidad política vinculada históricamente con el trabajo, la producción y la movilidad social.
Pero precisamente por esa diversidad, tampoco puede ser pensado como un actor homogéneo.
Los intereses de un gobernador pueden no coincidir exactamente con los de un sindicato. Las prioridades de un intendente pueden diferir de las de un legislador nacional. Una organización territorial puede enfrentar problemas distintos a los de una estructura productiva provincial.
La pregunta, por lo tanto, no debería reducirse a quién conduce al peronismo.
Está, creo yo, la cuestión anterior:
¿Qué proyecto económico, social e institucional puede articular esa diversidad?
La pregunta es especialmente relevante porque el escenario económico que dio origen a buena parte de las identidades políticas tradicionales también cambió.
El trabajo registrado ya no representa exactamente lo mismo que hace algunas décadas. La estructura productiva se transformó. La economía del conocimiento adquirió mayor relevancia. La informalidad persiste. La estructura exportadora continúa concentrada en determinados sectores. Las restricciones fiscales son diferentes. La cuestión energética y minera adquiere una importancia creciente en la generación potencial de divisas.
La construcción de una alternativa exige, por lo tanto, responder preguntas nuevas sin abandonar necesariamente los problemas históricos.
¿Cómo se genera empleo de calidad?
¿Cómo se mejora la productividad?
¿Cómo se generan dólares suficientes para sostener el crecimiento?
¿Cómo se financia un Estado capaz?
¿Cómo se sostiene fiscalmente la protección social?
¿Cómo se incorpora tecnología?
¿Cómo se construye vivienda?
¿Cómo se vuelve compatible la inversión con la movilidad social?
No existe una única respuesta evidente a estas preguntas, pero una alternativa política que pretenda trascender el rechazo a un gobierno necesita, inevitablemente, enfrentarlas.
La economía real como campo de disputa
Hay otra razón por la que el mapa de poder no debería terminar en el Congreso. Las decisiones políticas producen efectos sobre la economía real, y es allí donde finalmente se pone a prueba cualquier proyecto. La política fiscal modifica incentivos y distribución. La política monetaria afecta crédito, ahorro e inversión. La política laboral modifica las relaciones entre empresas y trabajadores. La política comercial afecta sectores productivos. La política energética determina costos y oportunidades. La infraestructura modifica la productividad territorial. La educación y la ciencia modifican las capacidades futuras. La política cambiaria condiciona la relación entre producción interna y sector externo.
En otras palabras:
El poder político se transforma en capacidad de decisión; la capacidad de decisión se transforma en política pública; y la política pública termina modificando la estructura material de la sociedad.
Por eso la economía real no debería aparecer como un actor más del mapa. Es, más bien, el campo sobre el cual se materializan las relaciones de poder: Producción. Inversión. Empleo. Salarios. Consumo. Exportaciones. Importaciones. Recaudación. Ahorro. Tecnología. Son las variables mediante las cuales una determinada arquitectura política termina produciendo consecuencias concretas.
Una nueva arquitectura del poder
Desde esta perspectiva, el mapa argentino puede pensarse como una secuencia en la que primero aparecen los recursos de poder: institucionales, territoriales, económicos, electorales, sindicales, sociales y de conocimiento.
Luego aparecen las relaciones: dependencia, cooperación, negociación, conflicto, presión, veto y legitimación.
De esas relaciones emergen distintas capacidades: capacidad de bloquear, capacidad de negociar y capacidad de construir.
Y de la articulación de esas capacidades puede surgir una determinada arquitectura de poder. Esa arquitectura condiciona la posibilidad de transformar un programa político en políticas públicas, y esas políticas, finalmente, impactan sobre la economía real y sobre el contrato social.
El esquema podría resumirse así:
Recursos → relaciones → capacidades → articulación del poder → políticas públicas → economía real → contrato social.
El concepto decisivo es el que aparece en el centro de la discusión: la articulación.
No porque exista actualmente una articulación plenamente consolidada, sino precisamente porque constituye una variable en disputa.
¿Qué contrato social nos queda después de la estabilización?
Argentina ha discutido durante décadas cómo distribuir recursos escasos, cómo financiar al Estado, cómo controlar la inflación, cómo administrar el tipo de cambio y cómo resolver sus restricciones externas. Pero debajo de esas discusiones existe una cuestión más profunda:
¿Qué pacto económico y social permite que una mayoría pueda proyectar su vida?
Un contrato social no consiste solamente en una declaración política, se construye cuando una sociedad establece determinadas expectativas sobre el futuro, como ya hemos desarrollado en otros artículos: Que trabajar permita progresar. Que estudiar mejore las oportunidades. Que producir resulte posible. Que ahorrar tenga sentido. Que invertir sea razonablemente previsible. Que el Estado pueda garantizar determinados bienes públicos. Que los impuestos tengan una contraprestación social reconocible. Que el esfuerzo individual y colectivo pueda convertirse en movilidad social. Que las generaciones siguientes puedan esperar, al menos, no vivir peor que las anteriores.
La crisis de ese contrato no se expresa únicamente en indicadores económicos, también aparece como pérdida de expectativas. Y allí es donde la discusión sobre poder adquiere una dimensión social. Porque es evidente que gobernar no consiste solamente en obtener votos o aprobar leyes, también consiste en construir un horizonte de expectativas compartidas.
Después de la resistencia
La oposición enfrenta, entonces, una cuestión que excede al Gobierno actual, puede disputar determinadas reformas, puede votar a favor o en contra de determinados proyectos, puede movilizarse, puede denunciar costos sociales, puede intentar aprovechar electoralmente el deterioro de determinados indicadores. Todas esas son herramientas propias de la competencia democrática. Pero existe una diferencia sustancial entre impedir que una política avance y construir las condiciones para que otra política pueda hacerlo. La primera pertenece principalmente al poder de veto y la segunda requiere poder de construcción. Pero construir exige articular actores cuyos intereses no son idénticos, y ese probablemente constituya uno de los desafíos centrales de cualquier espacio que pretenda convertirse en alternativa de gobierno: transformar una suma de demandas particulares en una propuesta capaz de responder simultáneamente a la estabilidad macroeconómica, la producción, el empleo, la generación de divisas, la sostenibilidad fiscal y la movilidad social.
No significa que esas dimensiones sean fácilmente conciliables, al contrario. Precisamente porque existen tensiones reales entre ellas, una alternativa necesita explicitar cómo piensa resolverlas.
Cinco preguntas para cualquier alternativa
Más allá de las identidades partidarias, cualquier proyecto que aspire a gobernar Argentina durante los próximos años tendrá que responder, como mínimo, cinco preguntas.
Primera: cómo estabilizar.
¿Cómo sostener una economía sin inflación crónica y sin recurrir sistemáticamente a mecanismos que vuelvan a generar desequilibrios?
Segunda: cómo crecer.
¿Qué sectores serán capaces de aumentar la productividad, la inversión y el empleo?
Tercera: cómo generar divisas.
¿Cómo ampliar y diversificar la capacidad exportadora sin convertir el crecimiento en una nueva restricción externa?
Cuarta: cómo distribuir el crecimiento.
¿Cómo lograr que la mejora macroeconómica se traduzca en salarios, empleo, vivienda, educación y movilidad social?
Quinta: cómo financiar al Estado.
¿Qué estructura tributaria y qué prioridades de gasto permiten sostener las capacidades públicas necesarias sin destruir los incentivos productivos?
Estas preguntas no pertenecen exclusivamente a un partido, son, en realidad, preguntas de Estado. Y quizás allí se encuentre el cambio más importante que debería producirse en la discusión pública argentina y en el pensamiento del Peronismo como movimiento político capaz de hacerse cargo de dar respuesta a todas estas preguntas, pero sobre todo, responder a una sexta pregunta que surge de toda esta cuestión: cómo implementar todas estas?
La disputa por el futuro
La política argentina atraviesa una transición en la que las viejas categorías parecen resultar insuficientes. Oficialismo y oposición continúan existiendo. Pero las relaciones entre ellos son más complejas que una simple confrontación binaria. Los gobernadores y el Congreso adquieren peso propio. Los actores económicos condicionan las posibilidades de la política. Los sindicatos y organizaciones sociales conservan capacidad de movilización. Las universidades y el sistema científico aportan capacidades estratégicas. La sociedad conserva el recurso fundamental de la legitimidad democrática.
El poder, entonces, no está solamente en un lugar. Está en las relaciones entre esos lugares. Y la capacidad de gobernar no depende exclusivamente de disponer de recursos, sino de poder articularlos. Por eso la discusión sobre el futuro argentino puede terminar siendo menos una disputa acerca de quién ocupa el centro de la escena y más una disputa acerca de qué arquitectura de poder será capaz de sostener un determinado proyecto económico y social. La estabilidad puede ser un punto de partida, pero el crecimiento es una condición necesaria. La generación de divisas, una restricción ineludible.La sostenibilidad fiscal, una condición de continuidad. La movilidad social, una insoslayable dimensión del desarrollo. Y la capacidad estatal, el instrumento mediante el cual todas esas dimensiones pueden intentar articularse. Por eso cuando se establece la disputa acerca del tamaño del Estado, chico o grande son dimensiones inapropiadas. El tamaño del Estado debe ser ad hoc, es decir, el adecuado para satisfacer las demandas de la sociedad.
La pregunta que queda abierta no es solamente quién podrá imponerse en la próxima disputa política.
Es bastante más profunda:
¿Qué tipo de articulación política, económica e institucional será capaz de construir una Argentina en la que trabajar, estudiar, producir, ahorrar y progresar vuelvan a ser posibilidades concretas para una mayoría?
Esa puede ser, después de la resistencia, la verdadera disputa por el futuro.
