“¿Usted trabajó en la AFIP en el año 2018?”, disparó la fiscalía. “No”, respondió el hombre, con una sonrisa que empezaba a desarmar la solemnidad del Tribunal. “¿Y en el año…?”. “¿Puedo aclarar algo?”, interrumpió el testigo. “Ustedes se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
El martes 7 de julio de 2026, el subsuelo de Comodoro Py 2002 amaneció con un apuro inusual. El Mundial apretaba las agujas del reloj y el fixture indicaba que a las 13 horas jugaba la Selección. El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), en un rapto de inédita eficiencia administrativa, adelantó la audiencia a las 8:30 de la mañana. Querían sacarse rápido de encima el trámite. El primer testigo del día, un prolijo jubilado de 73 años llamado Juan Carlos Santos, caminó con paso cansino hacia el estrado, dobló su sobretodo marrón sobre la mesa, tomó un vaso de agua y juró decir la verdad ante el juez Enrique Méndez Signori.
Lo que siguió en los siguientes diez minutos fue una radiografía sintomática y perfecta de la descomposición estructural de la mafiosa y podrida corporación judicial argentina. El TOF 7 y la fiscal Fabiana León buscaban a un ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP de la era de Alberto Abad. En su lugar, sentaron en el banquillo de los testigos a un contador homónimo cuyo único contacto con el fisco nacional habían sido tres días de trabajo en la DGI en el año 1979.
Para comparecer en este “megajuicio histórico”, presentado por la prensa oficialista como un logro de la lucha contra la corrupción, el jubilado Santos había sido notificado mediante un informal mensaje de WhatsApp mientras se encontraba de vacaciones en el exterior con su hija. Desesperado, asustado por las consecuencias de desoír una carga pública, pagó un pasaje de urgencia, interrumpió su viaje familiar y voló de regreso a Buenos Aires. Cuando en la dinámica lógica del chat de WhatsApp el hombre preguntó de qué se trataba la citación, la respuesta de la secretaría del tribunal fue un gélido hermetismo: “No le podemos dar información”.
La falta de reflejos del presidente del tribunal, Méndez Signori, rascando papeles mudos sobre el estrado mientras sus colegas Germán Castelli y Fernando Canero miraban la escena por Zoom, fue una postal desoladora y decadente. Al final, el juez ensayó una disculpa áspera y le reprochó implícitamente al testigo no haber aclarado antes el error. “Váyase, fue un error de homonimia”. Santos tomó su sobretodo y se retiró en silencio.
Este papelón procedimental no es un desliz menor ni un simple accidente administrativo. Cuando la acusación penal contra la principal líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, se sostiene sobre escenarios de cartón y ficciones procesales, los tribunales federales caen en la desesperación operativa. Necesitan inflar el desfile de testigos, citar a cualquiera, manotear lo que sea en las bases de datos para simular que el juicio avanza, como la decadencia institucional argentina.
Todo preso es político
No encontrarán en De Frente una sola línea escrita a favor o en contra de la interna de la dirigencia peronista más enana y miope de la historia; no encontrarán posicionamientos radicalizados en defensa de uno o de otro dirigente de un lado u otro de la rosca de escritorios. Particularmente, yo no soy cristinista; soy peronista pero, aplicando maslatonismo básico, también soy anti comodoro py y anti anticristinista.
Por lo tanto, no tengo ninguna restricción en decir que Cristina Fernández de Kirchner está injustamente presa por ser la líder popular más importante del primer cuarto de siglo en este país. De la misma forma que no tengo limitantes para dudar que su hijo Máximo y los monos voladores que le quedaron como leales en provincia de Buenos Aires tengan alguna capacidad política sobresaliente, más bien diría todo lo contrario.
Vamos a combatir de todas las maneras que estén a nuestro alcance esta inutil y deformada manera de hacer política desde el peronismo rosquero que derrama humo sin la mínima capacidad de proponer profundidad y apertura ciudadana respecto a qué queremos para el futuro de la Patria y lo que quede de ella después del saqueo servil del sometido y sumiso gobierno de Javier Milei. No vamos a incentivar ni fomentar ninguna conversación militante que en vez de comenzar con un genuino “¿Y vos qué pensás?”, inicie con un mediocre “¿Y vos con quién estás?”.
Hay que defender a Cristina, hay que revertir su situación, sin ninguna duda. Pero también es necesario poner sobre la mesa que es bastante difícil sentirse convocado por tipos que cantaron durante años “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar” y no se armó ningún quilombo cuando la tocaron. La dirigencia peronista actual es experta en rascar donde no pica y el tiempo se agota. Pelotudean demasiado y el Pueblo laburante (con y sin laburo) se cansa de esta decadencia generalizada y lo más probable es que no esté esperando nada de nosotros y busque alternativas en otros rincones del pobre menú dirigencial argentino.
Violencia es mentir
La Causa Cuadernos nació torcida, pero el paso del tiempo y el rigor de la ciencia terminaron de dinamitar sus cimientos. La mitología fundacional del caso nos hablaba del chofer Oscar Centeno redactando con precisión de cirujano una “bitácora de la corrupción” en el asiento de su remís, registrando supuestos bolsos con dinero que viajaban por la Ciudad de Buenos Aires. El relato, fogoneado por los grandes medios/panfletos de A.E.A., se topó con un pequeño problema: las pericias caligráficas oficiales.
Un peritaje exhaustivo llevado a cabo por la División Escopométrica de la Policía Federal Argentina y refrendado por expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arrojó conclusiones científicas demoledoras sobre las copias digitales de los manuscritos (los originales siguen celosamente guardados bajo llave en el cofre del TOF 7, que sistemáticamente se niega a entregarlos para nuevos peritajes).
El estudio determinó que los cuadernos del período 2008/2009 corresponden, efectivamente, a un chofer detallando de forma fragmentaria recorridos, horarios y direcciones de rutina. Sin embargo, los cuadernos de 2013 a 2015, el núcleo duro de la acusación contra el kirchnerismo, revelan un proceso de escritura continuo, prolijo y uniforme, redactado en apenas un par de tandas temporales. Es decir, fueron dictados y planificados como una unidad con un objetivo político específico.
LAS ALTERACIONES MATERIALES CONFIRMADAS POR LA POLICÍA FEDERAL:
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* Sobreescrituras caligráficas: 1.373 escrituras superpuestas
* Enmiendas con líquido corrector: 195 alteraciones con “blanco corrector”
* Testados y raspados de papel: 55 raspaduras físicas detectadas
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TOTAL DE ADULTERACIONES CIENTÍFICAMENTE PROBADAS: 1.623
El peritaje oficial demostró que una mano ajena a la de Oscar Centeno; identificada judicialmente como la de Jorge Bacigalupo, un expolicía retirado y amigo del chofer que custodió los cuadernos antes de que llegaran a manos del periodista Diego Cabot; alteró sistemáticamente nombres, fechas, montos y locaciones geográficas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Bacigalupo por falsificación de documento público y encubrimiento agravado. Bacigalupo borró burdamente nombres y direcciones para colocar encima, con su propia letra, el nombre del empresario Armando Loson y de la firma constructora Albanesi, modificando direcciones para forzar la competencia territorial de la causa hacia los tribunales de Retiro.
¿La razón de este mamarracho caligráfico? El forum shopping. Necesitaban direccionar la causa a los tribunales de Comodoro Py, esquivar el sorteo reglamentario de la Cámara Federal y entregarle el sumario “a dedo” a la dupla conformada por el fiscal Carlos Stornelli y el ya fallecido, aunque no por ello menos delincuente, juez Claudio Bonadio. Hoy, el TOF 7 pretende llevar adelante un juicio multimillonario basándose en un cuerpo de pruebas que la propia justicia federal ya declaró científicamente apócrifo. Un andamiaje sostenido por la mera voluntad corporativa de condenar sin importar la verdad material.
Los ojos ciegos bien abiertos
El segundo pilar de la Causa Cuadernos es un monumento a la coacción paraestatal: el uso mafioso de la Ley de Imputado Colaborador (Ley 27.304). En los pasillos de Retiro se bautizó rápidamente este mecanismo como la “doctrina del arrepentimiento obligatorio”. La regla de juego impuesta por la fiscalía de Stornelli era tan brutal como explícita: cárcel o nombrar a Cristina.
Aquellos empresarios o ex funcionarios de segundas líneas que ingresaban detenidos provisionalmente a los calabozos de Comodoro Py solo obtenían la libertad si rubricaban un acta donde involucraban directamente a la expresidenta en el circuito de recaudación. Quien se negaba a convalidar el guion preestablecido por los investigadores permanecía encerrado bajo el rigor de prisiones preventivas sistemáticas y arbitrarias.
Para garantizar la impunidad de este método extorsivo, Stornelli y Bonadio violaron de manera flagrante el artículo más elemental de la Ley 27.304: la obligatoriedad de registrar las declaraciones de los colaboradores por medios técnicos idóneos (audio o video). No existe un solo registro audiovisual de las confesiones de los 24 “arrepentidos” de la causa. Solo hay actas escritas en las computadoras de la fiscalía, desprovistas de cualquier control de las defensas que permitiera evaluar las presiones psicológicas o las amenazas veladas sufridas por los imputados.
El caso del propio Oscar Centeno es paradigmático. Su declaración como imputado colaborador, plagada de intrincados tecnicismos del derecho administrativo y de ingeniería financiera, se resolvió en apenas veinte minutos bajo la asistencia de un defensor oficial impuesto a las apuradas (mientras su abogado particular era retenido deliberadamente en la mesa de entradas sin poder tomar contacto con su cliente). Centeno, un chofer con un léxico limitado y habituado a la sencillez de su oficio, admitió posteriormente en la intimidad de su defensa que desconocía el significado de las palabras consignadas en su propia declaración judicial. Cuando leyó que había definido a sus cuadernos como una “bitácora de la corrupción”, el chofer le preguntó a su letrado:
—Doctor, ¿qué significa la palabra ‘bitácora’?
La respuesta de la fiscal Fabiana León ante el desmoronamiento público de estas confesiones obtenidas bajo tortura procesal es de un cinismo absoluto. Ante el Tribunal, León advirtió de manera pública que si los empresarios o “arrepentidos” intentan desmentir o relativizar la validez de las actas de instrucción, la fiscalía considerará caído el acuerdo y solicitará la aplicación de la escala de penas máximas completas previstas para los delitos imputados. No es una búsqueda de la verdad; es una extorsión en continuado, un contrato de adhesión delictivo donde el Estado te obliga a sostener la mentira inicial bajo amenaza de devolverte al calabozo.
Los payasos y la pasta de campeón
Este andamiaje de ilegalidades procesales no se sostiene en el vacío. Requiere una superestructura institucional blindada por intereses políticos cruzados y redes de influencia de casta que garanticen la impunidad mutua. El fenómeno más ilustrativo de esta colonización del aparato de justicia es el despliegue de la dinastía Mahiques en áreas estratégicas del Estado y del Poder Judicial, consolidada bajo el actual gobierno de Javier Milei.
La familia Mahiques funciona como un mecanismo de pinzas institucionales perfectamente coordinado para el linchamiento político-judicial:
- Ignacio Mahiques (Hijo): Se desempeñó como fiscal ad hoc diseñado específicamente para confeccionar las acusaciones de instrucción y requerimientos de elevación a juicio en causas conexas de alto impacto político contra el kirchnerismo (como Vialidad y Hotesur).
- Carlos “Coco” Mahiques (Padre): Juez de la Cámara Federal de Casación Penal (Sala III) —máximo tribunal penal del país—. Es la instancia encargada de revisar, confirmar y blindar la firmeza de las condenas dictadas en primera instancia. Su pliego de prórroga para permanecer en el cargo hasta el año 2031 fue negociado directamente por su hijo.
- Juan Bautista Mahiques (Hijo): Consagrado en marzo de 2026 como el Ministro de Justicia de la Nación bajo la administración libertaria de Javier Milei. Exrepresentante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura durante la gestión de Mauricio Macri, Juan Bautista fue el cerebro de la persecución disciplinaria contra jueces laborales díscolos y el armador del desplazamiento del camarista Eduardo Freiler y del hostigamiento al juez federal Alejo Ramos Padilla por destapar el escándalo de espionaje del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Ignacio Mahiques (Hijo) ——– > Diseña acusación (Instrucción)
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Carlos “Coco” Mahiques (Padre) – > Convalida condena (Casación)
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Juan Bautista Mahiques (Hijo) — > Ministro de Justicia de Milei / Negocia pliegos
Esta concentración dinástica de poder es de una gravedad institucional intolerable. El hijo menor acusa, el padre condena desde la alzada, y el hijo mayor maneja la caja, los pliegos de los jueces y el Ministerio de Justicia de la Nación.
A esta red de influencias familiares se suma la crisis de legitimidad que atraviesa el propio TOF 7. Uno de sus jueces titulares, Germán Castelli, accedió al cargo de cámara mediante un traslado excepcional dispuesto por decreto de Mauricio Macri en el año 2018, salteando el concurso constitucional ante el Consejo de la Magistratura y el pliego del Senado. En el año 2020, la Corte Suprema de Justicia determinó que tales traslados de magistrados carecen de estabilidad permanente y que deben reasumir en sus juzgados de origen una vez que se completen los concursos para cubrir las vacantes definitivas.
Hoy, Castelli continúa ejerciendo en el TOF 7 de forma provisional, operando bajo una intensa presión política y desplegando cartas públicas dirigidas al Poder Ejecutivo conducido por Milei y reclamando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno bloquee el concurso público para designar a su reemplazante constitucional. ¿Cómo es posible que el andamiaje institucional y jurídico de esta Patria permita este tipo de asociaciones ilícitas parasitando la democracia?
Los gusanos siguen siendo fieles
Durante años, la interpretación política progresista recurrió al concepto de lawfare como una explicación técnica de la persecución penal destinada a la proscripción electoral de liderazgos populares en América Latina. Se trazaban paralelismos correctos con el vía crucis de Lula da Silva en Brasil bajo la égida corporativa del juez Sergio Moro, o la condena exprés de Rafael Correa en Ecuador basada en el insólito “influjo psíquico”. Pero la Causa Cuadernos, en su decadencia actual de mediados de 2026, nos obliga a dar un paso interpretativo superior. Esto ya no es meramente una estrategia de proscripción electoral. Es algo mucho más profundo y perverso: es un castigo disciplinador.
La superestructura del poder real en la Argentina no busca únicamente impedir que Cristina Kirchner aparezca en una boleta electoral; el objetivo es consagrar un castigo ejemplificador sobre su figura histórica y, a través de ella, sobre el conjunto del campo popular. Es la pedagogía del terror procesal: advertirle a cualquier dirigencia futura que pretenda discutir la soberanía hidrocarburífera, la distribución de la riqueza o la soberanía económica, que el costo de tocar los intereses de los poderosos es la puerta de entrada a Comodoro Py, el escarnio público de los titulares de Clarín y La Nación, y la humillación histórica de una tobillera electrónica.
La paradoja es absoluta. Mientras la corporación judicial se aboca con celo inquisidor a mantener el asedio penal contra la principal líder de la oposición, sus propias actuaciones se hunden en el ridículo técnico y la desprolijidad procedimental.
No es incompetencia aislada; es la putrefacción estructural de una mafia que se sabe impune porque cuenta con el blindaje de una corporación apátrida y gorila. Un poder judicial tan corrupto, tan mierda y tan técnicamente inepto es un tapón insalvable para el desarrollo nacional. No hay posibilidad de construir el bien común, de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos de a pie o de consolidar un proyecto de país soberano mientras el destino de la República se decida en los despachos oscuros de Retiro.
Al final del día, el desfile de Comodoro Py no es más que un gigantesco y obsceno sainete. Un teatro de sombras armado para disciplinar a un pueblo, sostenido por fiscales que digitan confesiones en 20 minutos y jueces de traslado precario que carroñan la madera del estrado buscando un testigo fantasma que nunca va a aparecer.
