Tras una intensa jornada de movilización frente al Congreso, el gobierno de ocupación de Javier Milei tuvo que eliminar dos capítulos de su proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”: la modificación al régimen de tierras rurales y la reforma a la ley de manejo del fuego. La iniciativa buscaba elevar del 15% al 25% el límite de propiedad en manos privadas por provincia y eliminar por completo el tope por departamento. Asimismo, pretendía derogar la prohibición de comercializar o lotear suelos con bosques nativos e implantados que hubieran sufrido incendios en los últimos 60 años.
Sin embargo, tal como ocurrió en otros momentos de nuestra historia, desde la defensa y reconquista frente a las invasiones inglesas o la revolución de los orilleros hasta el 17 de octubre, el pueblo volvió a movilizarse para repudiar este proyecto. La negativa fue transversal y superó los encuadres políticos partidarios, sumando el apoyo de figuras públicas como Tini, Emilia Mernes o Lisandro Martínez en redes sociales. De este modo, la articulación entre la labor legislativa del bloque peronista y la movilización popular logró frenar la pretensión del oficialismo.
El gobierno, sin embargo, no desconoce la relevancia de la materia. Sabe perfectamente lo que está en juego: la soberanía nacional. Reglamentar quiénes pueden poseer nuestro suelo, por el que tantos compatriotas dieron su vida, resulta indispensable para garantizar que todos los recursos del país estén puestos al servicio de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Por esa razón, de manera engañosa, camuflaron estas disposiciones en un proyecto titulado “inviolabilidad de la propiedad privada”, plenamente alineado con un modelo donde las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social son desplazadas por los dictados del mercado y los mandatos de Washington.
Nuestra tierra
La defensa de la soberanía espacial ha sido una constante en la historia argentina desde sus orígenes, con un sentimiento nacional que cobró fuerza al repeler las invasiones británicas. Años más tarde, pese a los proyectos de una Patria Grande que compartían, con sus matices, San Martín, Bolívar, Artigas y Rosas, la balcanización terminó trazando las fronteras actuales y fragmentando la antigua estructura de los virreinatos españoles. La disolución respondió tanto a impericias y traiciones de las élites locales como a la injerencia extranjera, cuya dirigencia estaba consciente de que siempre resulta más sencillo dominar a un pueblo dividido.
La división en múltiples Estados de un pueblo unido por historia, suelo, cultura, religión, idioma y un destino compartido fue la condición indispensable para el dominio en el subcontinente, en principio por los británicos y luego por los norteamericanos. Esta estrategia ya había sido advertida en los “Federalist Papers”, donde Hamilton, Jay y Madison, al diseñar el modelo para el naciente Estados Unidos, remarcaron la necesidad de que las trece colonias formaran una sola entidad política para proteger su futuro común en base a sus raíces compartidas.
Al consolidarse, Argentina no solo vio separarse a los pueblos hermanos con los que compartió siglos de historia, sino que a pocos años de su independencia sufrió la usurpación británica, con la ocupación ilegal de las Islas Malvinas en 1833 y más tarde, en 1908, de las Georgias y Sandwich del Sur. Los enemigos de la Nación comprendieron desde el inicio que cercenar la soberanía requería acotar la extensión del suelo patrio, tal como acreditan las experiencias de Estados Unidos y Brasil, cuyas élites gobernantes asumieron la expansión hacia el oeste como parte de su destino de grandeza. A tal punto llegó la ambición extranjera que, durante el período de Rosas y los años posteriores, la diplomacia británica le insinuó a Urquiza la creación de un país mesopotámico integrado por Entre Ríos y Corrientes, intentando profundizar aún más la balcanización del mapa nacional.
Una vez consolidada la organización nacional mediante la Constitución liberal de 1853/1860, comenzó a hacerse evidente que la tenencia de la tierra distaba de ser un tema inocente. Si bien el texto consagró nominalmente un esquema federal, en la práctica fue llevado adelante por unitarios y liberales a través de la persecución sistemática de gauchos, caudillos y cuadros del partido federal hasta su exterminio.
Bajo el dominio de esta élite, la vasta extensión territorial dejó de ser vista como un atributo de grandeza para ser considerada una maldición. Con esta mirada, la dirigencia concentró el desarrollo económico en la pampa húmeda y los puertos, descuidando el interior y consintiendo el proceso de balcanización que se gestó en los años anteriores.
Este paradigma cambia de manera radical con el ascenso político de Julio Argentino Roca, quien comprendió que la omisión estatal sobre el sur ponía en riesgo la propia integridad del mapa nacional. Así lideró el proceso de ocupación efectiva de las tierras patagónicas proyectando la soberanía incluso hacia la Antártida. De este modo, la Nación pasó a tomar posesión real de un espacio geográfico que, por haber integrado la jurisdicción del antiguo Virreinato del Río de la Plata, le correspondía jurídicamente y de pleno derecho a la República Argentina.
Sin embargo, tras haber tomado posesión efectiva de dichas tierras, aquella Argentina semicolonial, construida por una élite conservadora sometida a los intereses de la Corona Británica, se estructuró a partir de entregar la propiedad de los campos a los grandes terratenientes que sirvieron de sostén al modelo agroexportador. El dominio sobre estas hectáreas resultaba indispensable para sostener el modelo de subordinación, por ejemplo, al definir las zonas que serían usadas para trazar la red ferroviaria que permitía la extracción de nuestros recursos hacia el puerto.
La Patria pendiente
En definitiva, la consolidación de la soberanía sobre el octavo país más extenso del mundo nunca fue un proceso sencillo, sino un frente de batalla permanente que exigió defender cada centímetro frente a presiones externas y entregas internas. Sin embargo, a partir de la consolidación del orden democrático liberal tras la última dictadura militar, cristalizado en la Reforma Constitucional neoliberal de 1994, la dinámica de fragmentación no hizo más que profundizarse.
La Reforma Constitucional de 1994 generó un grave problema estructural: por un lado, reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su suelo y, por el otro, omitió reglamentar en su texto una normativa de Coparticipación Federal. En este mismo sentido, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, la cual reúne una doble naturaleza al ser Ciudad Autónoma y capital de la República. La combinación de estas cuestiones quiebra la solidaridad nacional y empuja a los Estados provinciales hacia un provincialismo insular: la Capital Federal enfoca la mirada sobre sí misma desentendiéndose del país, mientras las provincias luchan por más ingresos y gestionan las riquezas naturales en función de sus intereses locales. Fue esta misma lógica de desintegración la que llevó al gobernador mendocino Alfredo Cornejo a afirmar que su provincia contaba con los medios suficientes para funcionar de manera autónoma, episodio que la prensa bautizó como “Mendoxit”.
Por otro lado, en el plano internacional, el ideal de la Patria Grande fue abandonado casi en su totalidad por los sectores de la dirigencia identificados con lo que Juan Domingo Perón denominó la “línea anglosajona”. En contraposición, la corriente nacional e hispánica impulsó proyectos de integración continental: desde la Unión Económica de las Naciones Americanas proyectada por Yrigoyen en 1919 y el Pacto ABC impulsado por Perón, hasta la creación y desarrollo del Mercosur promovidos por las gestiones de Menem y Duhalde.
Este proceso se profundizó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a través de organismos como la UNASUR, logrando el hito de transformar la causa Malvinas en una bandera latinoamericana. Finalmente, aun con sus matices y dificultades, la experiencia frentetodista dio continuidad a esta política exterior.
Si bien diversos espacios y figuras del espectro político argentino acompañaron estas iniciativas, como la integración con Brasil impulsada bajo el gobierno de Alfonsín o la continuidad del MERCOSUR durante la gestión de De la Rúa, la vocación integradora ha constituido un norte irrenunciable del peronismo en sus distintas etapas. De la misma manera, se puede ver que la dirigencia actual del PRO, La Libertad Avanza y sus aliados retoman los ideales de aquella élite que consintió la balcanización de nuestro territorio, al enfocarse en cómo administrar la “patria chica” en beneficio de Washington en vez de promover un verdadero proceso de unidad continental.
En este mismo sentido, resulta ineludible señalar el caso emblemático de Lago Escondido en Río Negro, donde la adquisición de más de diez mil hectáreas por parte del británico Joe Lewis impide el libre acceso público a este espejo de agua. Dada su cercanía con la frontera chilena, la zona exige una presencia estatal prioritaria por estrictas razones de soberanía. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones populares y las acciones judiciales, el conflicto sigue sin resolución, agravado por la denuncia de 2022 que reveló la reunión entre jueces, agentes de inteligencia, dirigencia del PRO y empresarios en la propiedad de Lewis para realizar acuerdos políticos y económicos.
La eliminación de los dos capítulos de este proyecto oficialista representa apenas una batalla obtenida dentro de una disputa mayor, que nos sitúa frente a cuatro desafíos fundamentales.
El primero es recuperar la integridad territorial de nuestra Nación en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, así como en los espacios marítimos circundantes, asegurando además nuestra soberanía sobre la Antártida. El segundo es consolidar un federalismo que garantice una Patria justa, libre y soberana para todos los argentinos, que permita que cada uno se desarrolle en comunidad sabiendo que nuestros destinos están unidos. El tercero es asegurar la plena soberanía y el acceso a los recursos, para lo cual el tope a la tenencia de tierras en manos extranjeras constituye un primer paso hacia un proceso mucho más profundo. Y el cuarto es concretar la unidad continental, donde ningún imperialismo sea tolerado y cada sudamericano sea dueño de su propio destino y del suelo que habita.
Tal como dijo Perón: “La lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica”.
