La ley de financiamiento universitario sigue sin cumplirse. Hoy, 7 de octubre de 2026, hace 351 días que esta ley fue presentada en Boletín Oficial después de la insistencia que se ejerció luego del veto presidencial y sigue sin cumplirse hoy día.
Los docentes siguen sin cobrar lo que les pertenece, las universidades no están teniendo la financiación para garantizar las clases -o las prácticas en caso de, por ejemplo, la uba y sus hospitales universitarios-, tampoco las becas a los estudiantes. La actualización de los gastos de funcionamiento según el IPC no está siendo ni considerada.
Este 15 de octubre, a casi un año de la presentación, se convoca una nueva manifestación
(la quinta) en reclamo del cumplimiento de ésta y en defensa de la educación pública.
Aulas vacías, becas congeladas y hospitales al límite.
El impacto del desfinanciamiento cada día se siente mas intensamente de manera directa en el día a día en las casas de estudio. Los gremios docentes y no docentes denuncian que sus haberes continúan perdiendo poder adquisitivo de forma crítica, es decir, que su sueldo no es siquiera relevante para sobrevivir hoy día, registrando los niveles de inversión real por estudiante más bajos desde el año 2004. La falta de actualización de las partidas de funcionamiento, que legalmente debían ajustarse según la inflación medida por el IPC no ha sido contemplada en la ejecución presupuestaria de la Casa Rosada.
La parálisis no sólo afecta al dictado de clases teóricas, sino que destruye un sistema central y necesario, el sistema asistencial y científico de instituciones clave como la UBA. Los hospitales universitarios, los cuales son centros de salud de referencia nacional donde miles de estudiantes realizan sus PFO (Prácticas profesionales obligatorias) operan bajo condiciones críticas de abastecimiento(por ejemplo, que no se les financia ni la luz de estos establecimientos), poniendo en riesgo tanto la formación de los futuros profesionales como la atención médica comunitaria. Además, los programas de becas estudiantiles, como el Progresar, permanecen congelados o suspendidos, lo que empuja a miles de jóvenes a abandonar las aulas debido a la imposibilidad económica de sostener sus estudios.
Y es que, compañeros, ¿qué hace un estudiante con $28000 al mes? ¿o con $35000 (en algunos casos)? Si tiene que comprar libros, pero por el viaje largo tiene que comer en la facultad, ¿qué come? Esto nos lleva a la misma conclusión de siempre, más que nunca, es necesario que salgamos a la calle; que peleemos, que nuestro grito de necesidad sea escuchado.
Disputa de poderes: la tensión entre el poder Ejecutivo y Judicial.
La estrategia del Gobierno nacional para neutralizar la ley se basó en el dictado de decretos de necesidad y urgencia que suspendían su aplicación bajo el argumento de proteger el equilibrio fiscal y alegar que la norma “estaba interrumpida, no incumplida”. A principios de este mes, octubre 2026, la Justicia Federal en un tipo de juicio contra el Estado declaró la inconstitucionalidad de dicho marco normativo (Decreto 759/2025) por causar un “gravamen irreparable” a la educación.
Pese a la apelación de Capital Humano para postergar la entrega del dinero, la Corte Suprema de Justicia ratificó esta semana la vigencia de la cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional. Si bien el Gobierno argumenta que pactó aumentos parciales en paritarias recientes, el fallo del Máximo Tribunal fija un límite político y constitucional definitivo: las leyes dictadas por el Parlamento tienen plena vigencia y su cumplimiento es obligatorio para el Poder Ejecutivo.
La quinta marcha federal: la calle vuelve a reclamar
En este clima de confrontación de poderes, la comunidad universitaria volverá a ganar las calles de todo el país este 15 de octubre. Rectores, investigadores, docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles, como la JUP o la Liga Federal Universitaria(LFU), coinciden en que la marcha no constituye únicamente un reclamo gremial o salarial, sino una demostración colectiva e igualitaria en defensa de la supervivencia de la educación pública y el respeto a la división de poderes.
A 358 días de una ley sancionada por mayorías agravadas en el Congreso, el conflicto universitario ya superó las fronteras del debate presupuestario para convertirse en una discusión profunda sobre el Estado de Derecho en la Argentina.
La multa diaria al jefe de gabinete
La escalada del conflicto sumó un componente de fuerte presión económica sobre la Jefatura de Gabinete, luego de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, resolviera aplicar una multa diaria de $100.000 al titular del área, Diego Santilli. La medida —conocida jurídicamente como astreintes— responde a un reclamo colectivo liderado por el CIN. Ante el persistente incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar en un 40,25% los sueldos del personal docente y no docente, además de recomponer los fondos para becas estudiantiles. Como el Gobierno ignoró los plazos de la Justicia y no mandó la plata, el juez Cormick decidió castigar directamente a Santilli. Para hacerlo, se apoyó en la Constitución, que dice que el Jefe de Gabinete es el encargado de manejar el presupuesto del país. Además, el magistrado dejó una advertencia muy clara sobre la mesa: si la Casa Rosada sigue sin obedecer el fallo, la multa diaria de $100.000 va a aumentar y el castigo podría caer también sobre otros funcionarios del gabinete.
En conclusión y en definitiva, lo que está en juego no es solamente el presente de las universidades, sino también el futuro de miles de estudiantes y de un país que necesita de la educación y la ciencia para desarrollarse. La respuesta del Gobierno y la fuerza de la movilización marcarán el rumbo de este conflicto, pero hay algo que no debería perderse de vista: defender la universidad pública es defender el derecho a estudiar, a investigar y a construir un futuro con más oportunidades. Porque cuando se pone en riesgo la educación, no se compromete únicamente a una institución, sino a toda la sociedad.
