Por Emanuel Zarate
Abogado y estudiante de Ciencia Política
Atahualpa Yupanqui escribió hace muchos años… “LAS PENAS SON DE NOSOTROS LAS VAQUITAS SON AJENAS” …
Hay decisiones que se explican con palabras técnicas para que parezcan inevitables. Se habla de administrar mejor, de obtener rendimiento, de aprovechar una oportunidad. Pero cuando se trata de las reservas de oro de un país, esas palabras no alcanzan: hay que decir cuánto se movió, adónde fue, en qué condiciones y quién controla la operación.
La AGN informó sobre pérdidas en operaciones con derivados financieros vinculadas al oro durante 2025, mientras que el Banco Central sostuvo que, al considerar conjuntamente la valorización del metal y las coberturas, el resultado neto de su posición en oro fue positivo. La perdida fue por 1023 millones de dólares netos.
El oro fue durante muchísimos años, el patrón tomado para valorizar la moneda en papel, patrón que fue abandonado en 1973 por los Estados Unidos. Es en patrimonio público, una reserva estratégica que pertenece a todos los argentinos y que forma parte de los recursos con los que la Nación sostiene su capacidad de decidir por sí misma.
En julio de 2024, Luis Caputo reconoció que el Banco Central había enviado lingotes al exterior. Defendió la decisión con un argumento sencillo: el oro guardado en el país no producía nada y afuera podía generar un rendimiento. Pero su explicación abrió preguntas que todavía reclaman respuestas claras: ¿qué rendimiento concreto se buscaba?, ¿cuáles fueron los costos y los riesgos del traslado?, ¿quién autorizó la operación y bajo qué controles? Caputo confirmó la salida, pero no precisó públicamente el destino ni las condiciones de la operación.
Durante esos meses, distintos medios y actores políticos señalaron a Londres como destino de los cargamentos y hablaron de unas trece toneladas. Sin embargo, es necesario distinguir las versiones periodísticas y las denuncias de aquello que fue confirmado oficialmente: el Banco Central no publicó entonces un registro abierto que permitiera conocer la cantidad exacta, la ruta completa y las condiciones del traslado. En septiembre de 2024, reconoció que había transferido parte de sus reservas de oro entre distintas cuentas y sostuvo que el volumen total del metal no había cambiado, pero no informó públicamente adónde había sido enviado ni bajo qué términos. El Estado reconoció el movimiento, pero dejó sin respuesta datos esenciales para que la sociedad pudiera evaluar la decisión.
Más tarde, en septiembre de 2026, Santiago Bausili afirmó ante el Senado que parte del oro estaba depositado en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, y explicó que el traslado habría permitido reemplazar lingotes de menor calidad por otros de mayor pureza. La Auditoría General de la Nación, por su parte, señaló que todavía no había concluido su análisis específico sobre la trazabilidad de las reservas colocadas en el exterior. Por eso, no corresponde afirmar como hecho probado que el oro fue entregado a Inglaterra ni que haya desaparecido. Lo que sí puede decirse es que hubo un traslado al exterior, que Londres fue señalado por medios y dirigentes, que luego se brindó una explicación oficial que ubicó parte del oro en Suiza y que la verificación de su trazabilidad seguía pendiente. Esa diferencia no debilita la crítica: la vuelve más rigurosa. Lo que está en discusión es una decisión pública rodeada de opacidad y de explicaciones que todavía no despejan todas las dudas.
A esa historia se sumó la controversia por los 1.023 millones de dólares. Esa diferencia debe ser explicada con claridad: los 1.023 millones no prueban por sí solos que haya desaparecido esa cantidad de oro físico, sino que refieren a una disputa sobre operaciones financieras y sobre cómo calcular su resultado total. Pero la controversia obliga a preguntar quién autorizó la estrategia, qué información tuvo a disposición, qué riesgos evaluó y qué controles efectivos se ejercieron.
Desde una mirada peronista, esta discusión no puede reducirse a una cuestión financiera ni a una planilla de rendimientos. Defender la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social significa también valorar el patrimonio que pertenece a todos los argentinos y decidir su destino desde las necesidades del país y de su pueblo. Necesitamos que nuestros recursos permanezcan en la Argentina y se pongan al servicio de un proyecto nacional. No podemos acostumbrarnos a que la respuesta ante cada dificultad sea sacar afuera nuestros bienes, buscar una rentabilidad inmediata o especular con activos estratégicos, mientras seguimos postergando la producción, la integración territorial y el trabajo argentino. Desde la ultima dictadura militar, en diferentes gobiernos, no todos, se aposto a la rentabilidad financiera antes que la producción, esta medida no es un caso aislado, sino que, configura un patrón de visión económica del país. Preferir la bicicleta financiera es una política económica muy habitual en estos últimos 11 años.
Por este motivo, necesitamos volver a mirar la patria desde una perspectiva productiva: apostar a la integración de nuestras economías regionales, fortalecer la industria nacional y avanzar en una reindustrialización que genere empleo, tecnología y valor agregado. La independencia económica no se construye únicamente con declaraciones; requiere que los recursos del país contribuyan a ampliar su capacidad productiva y que las decisiones financieras estén subordinadas a un proyecto de desarrollo. Cuando el oro se convierte apenas en una herramienta para conseguir crédito, tranquilizar a los mercados o satisfacer intereses externos, se pierde de vista su dimensión política: forma parte de los recursos con los que una nación sostiene su autonomía y decide su futuro.
Por eso, la frase «Nuestro amo juega al esclavo» adquiere acá una fuerza particular. La tomo como una imagen de esta paradoja: un poder político que habla de libertad, pero que puede terminar actuando con servilismo frente a los poderes imperiales y a los intereses de las grandes potencias. No afirmo con ello que esté probado que los lingotes hayan quedado bajo control inglés; señalo que la falta de información y la incertidumbre sobre su recorrido vuelven inevitable la pregunta política por la relación entre nuestras decisiones y los poderes externos.
No se trata de sostener que cualquier depósito en el exterior sea ilegítimo ni de negar que un banco central pueda administrar sus activos. Se trata de exigir que una decisión de esta dimensión tenga fundamentos verificables, condiciones conocidas por los órganos de control y una explicación pública compatible con la democracia. imaginemos que el oro haya sido trasladado bajo la órbita del kirchnerismo cual sería la magnitud de la noticia. Conviene advertir que si el traslado fue conveniente, corresponde mostrar en qué consistió el beneficio; si hubo una cobertura financiera, explicar sus costos y sus riesgos; y si el oro fue enviado a Suiza, a Londres o pasó por distintas plazas, permitir que los auditores comprueben su recorrido.
La ciudadanía no debería tener que reconstruir el destino de una reserva estratégica a partir de declaraciones parciales, versiones periodísticas e informes que aún no concluyen.
Lo que inquieta no es solamente dónde están los lingotes. También preocupa una concepción del Estado que parece mirar el patrimonio nacional desde la perspectiva de sus acreedores y operadores financieros antes que desde las necesidades de su pueblo. Las reservas existen para respaldar la capacidad del país de decidir, sostener su moneda y atravesar crisis. Pero la soberanía no consiste solo en conservar activos: consiste en orientar los recursos hacia un modelo de producción, integración y justicia social, en lugar de someter las decisiones estratégicas a la urgencia permanente de los mercados externos. Paradigmático parece ser lo sucedido con la Fragata Sarmiento y su prenda por fondos buitres hace unos años atrás, podríamos llegar a perder ese oro en manos de acreedores buitres y extranjeros si se demanda al país por algún motivo, por ejemplo la demanda por la expropiación de YPF. Dato aparte, tanto Toto Caputo como Bausili siguen en sus cargos como si nada hubiera pasado, pareciera que la justicia NO TIENE OJOS PARA ESAS CUESTIONES, solo mira cuadernos y mantiene proscripta a Cristina.
Por eso, estas son crónicas del oro entregado, aunque «entregado» sea también una toma de posición política y no una conclusión sobre una transferencia definitiva. El oro salió de la custodia local; su recorrido y las operaciones realizadas con él siguen bajo discusión. La pregunta permanece: si ese patrimonio es de todos, ¿por qué los argentinos todavía tenemos que reconstruir su destino a partir de explicaciones parciales y silencios oficiales? Y junto a esa pregunta aparece otra, más profunda: ¿qué país queremos construir con nuestros recursos? Para mí, la respuesta exige volver a poner en el centro la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social; dejar de especular como horizonte y apostar por una Argentina que produzca, se integre y se reindustrialice. En ese camino, volver al peronismo significa recuperar una idea sencilla y decisiva: los recursos de la patria deben servir a la patria y a su pueblo.
Que nuestro “Amo” es decir, en clave política juegue a ser esclavo tiene una significación política muy importante. Nuestro gobierno no debe jamás, entregar soberanía. Es menester hacer mención a la extranjerización de las tierras, en estos tiempos donde los destinos de nuestro país se define en clave judicial y política debemos plantarnos frente este frente entreguista y no permitir que nuestros recursos sean regalados a mejor postor por el gobierno de turno.
