Politólogo (UBA). Especialista en política internacional. www.ricardoromero.com.ar
En el mes de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva buscará su cuarto mandato, siendo el candidato que más elecciones presidenciales ha ganado en la historia de la República Federativa de Brasil (lo logró en 2002, 2006 y 2022). Habiendo estado proscrito en 2018 bajo la falsa acusación de recibir un dúplex como soborno —propiedad que jamás tuvo ni usó—, estuvo 580 días detenido. Esto le impidió concurrir a los comicios y allanó la victoria de Jair Bolsonaro; sin embargo, el reloj histórico solo demoró este momento, en el que disputará su última elección presidencial.
Su huella se reflejará en las páginas de la historia brasileña por sus logros, siempre coherente con su ideal desarrollista: crecimiento con distribución de la renta. Durante sus gestiones, Brasil atravesó una fase expansiva de su economía, con un fuerte crecimiento del mercado interno y la expansión de sus exportaciones, lo que generó empleo y mejoras salariales. Al contrario de lo que sostiene la teoría neoclásica, esos aumentos no generaron desempleo; por el contrario, lo redujeron a niveles de pleno empleo.
A través de sus políticas sociales, orientadas al programa Hambre Cero que anunció en su asunción, y de la aplicación de Bolsa Família —una asistencia económica integral que sacó a 30 millones de personas de la pobreza y dinamizó el ascenso social—, Brasil pasó de tener 2,5 millones de estudiantes universitarios a más de 8 millones. Todo esto posiciona al país entre las diez principales economías del mundo.
Esa dinámica fortalece su política exterior, la cual amplió la mirada soberana y multilateral histórica de la Cancillería brasileña al sumarle una perspectiva latinoamericanista y globalista. Centrada en la inclusión social, los derechos humanos y la paz mundial, esta postura colocó a Brasil como un actor clave en la geopolítica del planeta.
Asimismo, Lula marcó un punto de autonomía soberana frente al injerencismo norteamericano, batallando contra las sanciones arancelarias aplicadas por Trump y promoviendo medidas de independencia económica, como el desarrollo de una red de pagos instantáneos propia, PIX, que libera a los brasileños de las comisiones leoninas impuestas por la banca estadounidense.
Además, como contrapeso, estableció alianzas estratégicas con las potencias emergentes bajo un trato igualitario en la búsqueda de un desarrollo pacifista, tal como lo propicia China. Para ello, se están generando las condiciones de infraestructura necesarias mediante megaobras como el tren transamazónico —que unirá el nordeste brasileño con el Perú para salir hacia el Pacífico— y el corredor bioceánico, que conecta el sur de Brasil con Paraguay, Argentina y Chile hacia Asia.
Cabe destacar que la victoria de Lula implica también consolidar una perspectiva de desarrollo para la región que haga contrapeso a la influencia de Estados Unidos y a los gobiernos de ultraderecha que este apoya de diversas maneras.
No obstante, el desafío de Lula no concluye con ganar las elecciones en octubre, sino en sentar las bases de continuidad estructural para su sucesor. Ante una eventual contingencia dada su edad, su Vicepresidente, Geraldo Alckmin, fue un actor clave para recomponer el apoyo de la burguesía brasileña al gobierno. Junto con Simone Tebet, otra figura proveniente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso —en proceso de disolución—, articularon una coalición de interés nacional orientada a respaldar un proyecto de desarrollo para Brasil, en oposición al neofascismo entreguista de los Bolsonaro, representado ahora por Flávio, hijo del ex mandatario.
A largo plazo, el proyecto dependerá del apuntalamiento de Fernando Haddad, quien, aunque no gane la gobernación de San Pablo, cuenta con un caudal de legitimidad política por su gestión en el actual gobierno que lo capacita para dar continuidad a este legado, el cual busca reafirmarse el próximo octubre.
Brasil, otra vez en cara o cruz
A 28 días de la primera vuelta electoral en Brasil, prevista para el próximo 4 de octubre, el escenario político vuelve a estar profundamente polarizado, en sintonía con cada contienda celebrada desde 1989. Esta vez se enfrentan la cara de Lula, por un lado, y la cruz de otro Bolsonaro, en un tablero donde los extremos ocupan los espacios más definidos.
La contienda presenta por un lado, la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, respaldada por una amplia coalición encabezada por el Partido dos Trabalhadores (PT) e integrada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Verde (PV), el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Red Sostenibilidad (REDE), además de sectores del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y de Republicanos. En la vereda opuesta, Flávio Bolsonaro compite prácticamente en soledad, apoyado únicamente por el Partido Liberal (PL).
Esta soledad de Bolsonaro propició la irrupción de Javier Milei en la campaña. Su desaforado apoyo terminó provocando el alejamiento del centro político brasileño y dejando un escenario favorable para Lula de cara a la primera vuelta. El actual presidente lidera las encuestas con una ventaja de entre 7 y 9 puntos; sin embargo, al no superar el 45 % de la intención de voto, la posibilidad de evitar un balotaje resulta remota.
Así, entre el 5 y el 25 de octubre se abrirá un nuevo proceso electoral. Ambos candidatos saldrán a disputar los votos captados por figuras emergentes como Ronaldo Caiado (gobernador de Goiás por el PSD), Romeu Zema (gobernador de Minas Gerais por NOVO), Augusto Cury (Avante) y Renan Santos (Missão), quienes en conjunto representarían entre el 10 % y el 15 % del electorado.
Este caudal resultará determinante en una segunda vuelta que funcionará con una dinámica distinta. En esta instancia, los actores territoriales —que en la primera vuelta traccionaban votos hacia las candidaturas nacionales y viceversa— ya no operan de la misma manera, simplemente porque su propia suerte electoral estará resuelta.
Por esta razón, aunque el pase a segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro se da por descontado, las encuestas proyectan un margen mucho más estrecho: un 46 % para el actual presidente frente a un 44 % para su adversario, lo que configura un virtual empate técnico. En este contexto, la abstención habitual (cercana al 20 %) y el volumen de indecisos, votos nulos y en blanco (que alcanza el 13 %) serán clave para inclinar la balanza.
El terreno más decisivo se concentra en el sudeste del país, específicamente en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que representan el 40 % del padrón electoral y constituyen la verdadera madre de la batalla.
Lula cuenta con la ventaja de ejercer el poder, aspirar a un cuarto mandato personal (el sexto para el PT) y exhibir logros económicos centrados en el estímulo al consumo interno, el crecimiento industrial y la expansión de la inversión pública. Bolsonaro, por su parte, respalda su candidatura en el apoyo explícito de Donald Trump y de referentes de la derecha regional, sumado al capital político de su padre.
A su vez, los poderes fácticos —el establishment económico, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y las iglesias católica y evangélica— parecen inclinarse por Lula, al menos en esta primera etapa, lo que le otorgaría no solo posibilidades de victoria, sino también de gobernabilidad. Todo esto en el marco de un Parlamento fragmentado que exigirá tejer alianzas sólidas con el Centrão, un bloque que se mantendrá neutral en la primera vuelta a la espera del desenlace final.
