En Argentina solemos discutir con relativa frecuencia la distribución de la riqueza, pero dedicamos mucho menos esfuerzo a identificar, medir y administrar estratégicamente aquello que constituye nuestra verdadera riqueza.
En el siguiente artículo se pretende abrir el diálogo sobre uno de los tantos recursos naturales que posee nuestro país, el agua, visto además no solo como un recurso sino como parte del capital natural que debería ser incluido en las cuentas nacionales, en los informes de gestión y en el modelo económico de país, entre otras cosas.
Cuando hablamos de los procesos de planificación económica y la incorporación de los recursos naturales como activos estratégicos del Estado, estamos estableciendo consideraciones sobre la implicancia de éstos en la matriz de desarrollo en un amplio espectro, tanto de manera directa como indirecta. Es en este punto donde no se puede ignorar el impacto de la capacidad política en términos de gestión estratégica y valorización de los recursos en tanto capital natural.
En términos históricos la humanidad se ha desarrollado siempre en cercanías del acceso al agua dulce, y podríamos aventurarnos a decir que ha sido el primer recurso natural que aprendió a gestionar, aún de manera tácita, para posibilitar su supervivencia. Al final de cuentas, la vida en su magnitud es un todo de relaciones interdependientes fruto de éste compuesto tan peculiar como cotidiano: el agua.
Un nuevo recurso escaso. Hablemos de Argentina. La economía nacional en los albores de su nacimiento se recostó sobre las actividades de subsistencia remanentes de la colonización, no olvidemos que la intención de la Corona no era tanto ampliar su territorio sino aprovechar los recursos que las nuevas tierras descubiertas le prometían. Sin embargo, la jóven Argentina ofrecía enormes extensiones de tierras fértiles para el cultivo y las actividades pecuarias, así como montes y selvas de donde se podía extraer madera y otros bienes. La fertilidad de la región pampeana y otras regiones irrigadas como la cuyana, la chaqueña o la mesopotámica le dieron el cuestionable honor al país de convertirse en el granero del mundo, alardeando de un ingreso per cápita similar al de los EEUU y contados países europeos (claro, escondiendo la mugre en el galpón, como siempre). Mientras gran parte del siglo XX la geopolítica estuvo dominada por el petróleo, aquí el agua era el recurso responsable pero poco tenido en cuenta del desarrollo económico.
La razón de la productividad de las tierras pampeanas sobre todo, es el agua por un lado, y la geografía que permite que ésta sea retenida generando una superficie húmeda y la formación de suelos francos. Ésto es solo un ejemplo de las características ventajosas que ofrece el recurso agua en sus múltiples agregados en la geografía argentina. Así, el desarrollo de las sociedades y sus actividades productivas en el siglo XXI podrían estar cada vez más condicionadas al acceso al agua dulce. No en vano se oye cada vez más a menudo la predicción de que las guerras futuras serán por las reservas de agua.
El agua como recurso económico y como capital natural. Hoy es un conocimiento ampliamente difundido que el agua no solo es fundamental para la vida en todas sus formas sino que además genera valor económico de múltiples maneras. Además de ser esencial para el consumo humano, es un recurso clave en la producción agrícola ganadera, en la industria, la energía, el transporte, el turismo, la minería, la industria pesquera, etc. En ese contexto, el aporte de nuevos conceptos, como el de huella hídrica, por ejemplo, nos ayuda a visualizar y comprender la importancia del agua como activo de producción de los distintos bienes mencionados.
¿Por qué en Argentina el agua es un recurso estratégico? Nuestro país tiene la misma bendición y maldición que otros países de la región: la riqueza insondable de sus recursos naturales. Bendición porque son recursos que naturalmente están presentes en nuestros suelos como característica propia, con el potencial de ser gestionados y explotados como riqueza nacional; maldición porque su abundancia y su valor es tal que pone al acecho a las grandes potencias económicas que han alcanzado esa robustez expoliando otros territorios con el apoyo de los siempre presentes locales de turno que están dispuestos a traicionar sus raíces en favor de su propio egoísmo.
En lo que respecta al agua, el territorio nacional posee una inmensa cantidad de reservorios de agua dulce gracias a su geografía, y que desde hace muchas décadas viene llamando más y más la atención de la geopolítica mundial debido a la importancia estratégica que dichos reservorios representan, y a las actuales problemáticas globales de las dinámicas productivas. De manera general podemos mencionar los siguientes sistemas como reservas y recursos logísticos en lo que respecta a este tema:
El Acuífero Guaraní. Sistema compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay que constituye una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce del mundo, e incluye no solo las napas subterráneas sino importantes vías navegables, humedales, esteros, y las cataratas del Iguazú, donde la cooperación internacional es de importancia crucial y clave para el desarrollo económico de la región.
Glaciares. Además del famoso Perito Moreno, todo el sistema de glaciares, permafrost y hielos eternos de la patagonia representan otra de las reservas de agua dulce importantes de nuestro país, de las cuales muchas se comparten con el país vecino de Chile (de allí la importancia, de nuevo, de la cooperación internacional en materia de gestión de estos activos naturales). La Antártida Argentina es un reservorio clave en cuanto a hielos permanentes.
Hidrovía Paraná-Paraguay. Aunque permanece fuera del radar de la opinión pública, históricamente ha sido foco de conflictos, disputas, negociaciones y proyectos. Esto se debe a que no es solamente una vía navegable sino el principal corredor logístico de exportaciones de la región, con lo cual su administración posee implicancias económicas y geopolíticas que son de vital relevancia para nuestro país y otros de la región, como por ejemplo Paraguay, ya que representa para ese país su salida al mar por territorio argentino.
Gestión pública vs gestión privada: el dilema ideológico que el Peronismo debe discutir.
La verdadera discusión debe darse en torno a diferentes factores estratégicos, no sobre quién presta el servicio sino:
- ¿Quién fija las reglas?
- ¿Quién controla el recurso?
- ¿Quién realiza las inversiones?
- ¿Quién captura la renta económica?
- ¿Cómo se garantiza el acceso universal?
Hay toda una discusión que bascula entre los extremos de la naturaleza jurídica del operador que disipa la atención del verdadero foco a la hora de administrar a conciencia un recurso clave para el desarrollo de la Nación. El desempeño dependerá más de la calidad institucional, la regulación y la transparencia, con lo cual el primer gran esfuerzo colectivo está en manos del pueblo en el mecanismo de elección de sus representantes, que tendrán a su cargo el manejo responsable del recurso en cuestión.
El principal debate en torno a la gestión del agua suele plantearse en estos términos aparentemente simples: ¿debe el servicio estar en manos del Estado o del sector privado? Sin embargo, esta dicotomía puede resultar insuficiente cuando se trata de un recurso que, además de ser indispensable para la vida, constituye un activo económico, territorial y estratégico.
En el artículo titulado “Consideraciones económicas en la gestión del agua: Gestión pública vs gestión privada” (Pedro Arrojo Agudo) el autor parte de una crítica al proceso de expansión de las lógicas de mercado sobre servicios tradicionalmente considerados parte de la función pública. Su tesis central es que la privatización del agua no produce mayor eficiencia, inversión o competencia. Por el contrario, en condiciones que resultan usuales debido a la naturaleza del activo y del marco económico para el mismo, puede trasladar el poder desde el Estado hacia grandes operadores privados sin eliminar las características monopólicas del servicio.
Por otro lado, el control efectivo no depende necesariamente de quién posee la mayoría de las acciones, sino de quién controla la información, las decisiones operativas y las relaciones con proveedores y contratistas. En estos modelos, la empresa privada puede adquirir una posición dominante sobre las compras, contrataciones y subcontrataciones, generando mercados secundarios prácticamente cerrados durante períodos prolongados, los mercados de inputs secundarios, que es justamente la maniobra que reduce la competencia y traslada el monopolismo natural propio de la gestión de un recurso de bien público a los intereses económicos de la empresa privada que gestiona.
Esta observación permite introducir una cuestión fundamental para el caso argentino: la propiedad formal de un recurso o de una empresa no es equivalente a su control económico efectivo.
El argumento de la privatización suele apoyarse en dos promesas: que el sector privado aportará las inversiones que el Estado no puede realizar y que la competencia generará eficiencia. Sin embargo, ambas premisas son cuestionables. El proyecto europeo PRINWASS pone en relieve que los grandes operadores transnacionales han realizado relativamente pocas inversiones con fondos propios en infraestructura básica y, en el caso de Argentina, después de las privatizaciones las inversiones continuaron siendo mayoritariamente públicas.
El segundo argumento resulta todavía más relevante: el agua y el saneamiento presentan características de monopolio natural. La existencia de redes de distribución hace económicamente ineficiente la multiplicación de proveedores que utilicen infraestructuras paralelas. Por ello, la privatización no genera necesariamente competencia “en el mercado”, sino apenas competencia “por el mercado”: distintas empresas pueden competir por obtener una concesión, pero una vez adjudicada, el servicio queda bajo un monopolio privado durante largos períodos.
Esto modifica completamente la naturaleza del problema. Si el usuario no puede cambiar de proveedor, el argumento de que la competencia protege al consumidor pierde buena parte de su fuerza. Los derechos del ciudadano como cliente sólo pueden ejercerse mediante la posibilidad efectiva de elegir otro proveedor, algo que no existe cuando estamos frente a un monopolio natural.
También resulta relevante la discusión sobre la transparencia. La gestión privada no es necesariamente más transparente que la pública. Una administración pública burocrática u opaca no demuestra que la solución sea privatizarla: significa que debe ser reformada y sometida a mayores mecanismos de control. La empresa privada, por su parte, puede ampararse en normas de confidencialidad comercial para limitar el acceso a determinada información.
Esta discusión resulta particularmente importante cuando se analiza el agua no simplemente como un servicio, sino como un componente del patrimonio estratégico de una nación. Ya que en este contexto, el agua es simultáneamente un derecho humano, un servicio público, un factor productivo y un componente del capital natural. Estas dimensiones no se excluyen entre sí. Esta última categoría emerge especialmente importante. Si el capital físico de un país comprende sus máquinas, rutas, puertos y redes de infraestructura, y el capital humano comprende los conocimientos y capacidades de su población, resulta razonable preguntarse por qué los recursos naturales estratégicos no deberían formar parte de una concepción más amplia de su patrimonio económico.
El verdadero debate no debería ser Estado o mercado, sino qué combinación institucional permite proteger el interés social, garantizar el acceso universal, promover eficiencia, atraer capacidades e inversiones y conservar el control estratégico sobre el recurso.
Esto es más que un debate ideológico sobre lo privado o lo estatal, los problemas concretos no se resuelven privatizando el servicio, sino democratizándolo y fortaleciendo los mecanismos de transparencia, participación e información. Esta distinción es fundamental.
Agua y Economía justicialista. El agua como recurso pero también como representante de la riqueza nacional debería incorporarse al proceso de planificación económica como un activo estratégico del Estado, del mismo modo en que se planifican la energía, la infraestructura o las reservas internacionales:
1. Medir el capital hídrico nacional
Una máxima de la economía dice que “lo que no se mide, no se puede administrar”.
Argentina mide el PBI, la inflación, las reservas del Banco Central o el déficit fiscal. Pero no existe una “contabilidad” integrada del capital hídrico. Una política de Estado podría comenzar elaborando un Balance Nacional del Capital Hídrico, que incluya:
disponibilidad de agua superficial y subterránea; estado de los acuíferos; reservas glaciares; calidad del agua; capacidad de almacenamiento; infraestructura hídrica; riesgos de sequías e inundaciones. A modo de balance patrimonial del recurso.
2. Incorporar el agua al cálculo económico
Actualmente un proyecto puede ser rentable desde el punto de vista financiero y, sin embargo, destruir capital natural. La evaluación económica podría incorporar indicadores como: consumo de agua; eficiencia hídrica; contaminación generada; capacidad de recuperación de las cuencas o huella hídrica.
Así, el costo económico dejaría de ser únicamente monetario.
3. Pensar el agua como infraestructura estratégica
Generalmente se habla de rutas, puertos, gasoductos o ferrocarriles.
Pero el agua también requiere infraestructura: embalses; reservorios; redes inteligentes; plantas de tratamiento; reutilización industrial; monitoreo satelital; sistemas de alerta hidrológica. Pensado no solo desde la visión de una política ambiental sino de una política de desarrollo.
4. Crear una estrategia nacional del agua
Argentina posee competencias divididas entre Nación y provincias. Desde ese esquema constitucional, elaborar planes estratégicos federales a largo plazo que protejan el patrimonio y el interés social del mismo, por ejemplo:
protección de glaciares; preservación de acuíferos; desarrollo de la Hidrovía; planificación frente al cambio climático; seguridad hídrica para ciudades; agua para la producción; innovación tecnológica.
5. Incorporar el agua en la política exterior
Este es un aspecto poco discutido pero fundamental de una estrategia a futuro
Si el agua es uno de los recursos estratégicos del siglo XXI, entonces también debe ser un elemento de la política internacional.
Eso implica: fortalecer acuerdos sobre el Acuífero Guaraní; coordinar la administración de cuencas compartidas; defender los intereses argentinos en la Hidrovía; proteger los recursos marítimos; impulsar la cooperación científica.
El agua debe dejar de ser únicamente una política ambiental para transformarse también en una política de Estado y de inserción internacional.
Si un país administra cuidadosamente sus reservas de divisas porque constituyen un activo estratégico, ¿por qué no desarrolla un sistema equivalente para administrar sus reservas de agua? Ambos recursos condicionan la capacidad de producir, comerciar y sostener el crecimiento. La diferencia es que las reservas monetarias pueden recuperarse mediante políticas económicas; el capital hídrico degradado puede tardar décadas, siglos o incluso resultar irrecuperable.
La idea es que un país no debería evaluar su desempeño únicamente por variables de flujo —PBI, inflación, déficit o exportaciones—, sino también por la evolución de su patrimonio estratégico.
Ese patrimonio está compuesto por distintos tipos de capital:
Capital humano (educación, salud, capacidades).
Capital físico (infraestructura).
Capital institucional (calidad de las reglas y de las instituciones).
Capital tecnológico (innovación y conocimiento).
Capital financiero (reservas, ahorro e inversión).
Capital natural (agua, suelos, bosques, biodiversidad, recursos marinos y minerales).
Bajo esa perspectiva, gobernar no es solamente administrar el presente, sino incrementar el patrimonio nacional que recibirán las próximas generaciones. El agua ocupa un lugar central porque conecta todos esos capitales: sostiene la producción, la energía, la salud, la alimentación, el comercio y, en última instancia, la soberanía económica.
Fuentes: Pedro Arrojo Agudo, Economía y gestión del agua. Blog Fundación Nueva Cultura del Agua. ICAA (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente). ARCA. AySA.
