De Hobbes al Big Data: historia y transformación del poder informativo
En 1651, en plena convulsión de guerras civiles y del nacimiento del Estado moderno, Thomas Hobbes publicó Leviatán, una obra fundacional para la filosofía política occidental. Allí planteó que el poder de un Estado no reside únicamente en la fuerza, sino también en la capacidad de organizar, sistematizar y procesar el conocimiento sobre sus gobernados. A esta idea se le atribuye una de las frases más potentes y premonitorias de la historia política moderna: “LA INFORMACIÓN ES PODER”. Lo que para Hobbes era una necesidad para construir orden frente al caos de la guerra, en el siglo XXI se ha convertido en una verdad que atraviesa todos los ámbitos de la vida contemporánea: quien domina la información, domina el presente y modelará el futuro.
Desde entonces, esta fórmula —a veces atribuida a Francis Bacon, a veces a Hobbes— funcionó como base para entender cómo se organiza el Poder. A lo largo de los siglos, los Estados modernos consolidaron sus instituciones a partir de registros, censos, sistemas de inteligencia y prensa estatal. La gestión de la información pasó a ser central para la gobernabilidad. Pero lo que en la era de la imprenta y la diplomacia era monopolio del soberano, hoy es un campo en disputa entre corporaciones tecnológicas, redes neuronales algorítmicas, plataformas digitales, sistemas de seguridad, fenómenos virales y ciudadanos hiperconectados.
La perspectiva de Hobbes suponía una visión unidireccional del poder informativo: centralizado, vertical, exclusivo. Pero desde entonces, otras miradas enriquecieron, problematizaron y reconfiguraron esta relación entre poder e información. Michel Foucault, por ejemplo, propuso que el saber no es una herramienta externa al Poder, sino su condición misma de existencia. En sus estudios sobre las instituciones modernas —hospitales, cárceles, escuelas— demostró que el poder se ejerce produciendo “verdades”: se define qué se puede decir, quién puede decirlo y con qué autoridad. Así, el conocimiento no solo sirve para gobernar, sino que también construye el terreno sobre el cual la obediencia se vuelve posible.
Foucault introduce entonces una dimensión más compleja: no es solo que la información da Poder, sino que el Poder produce la información que necesita para sostenerse. Esta “microfísica del Poder” también atraviesa hoy los medios de comunicación, las narrativas de las redes, la educación pública y las bases de datos. Comprender esta matriz es fundamental para cualquier militancia política que pretenda disputar el sentido común de la época aceleracionista que atravesamos.
En la segunda mitad del siglo XX, Manuel Castells amplió esta discusión al terreno de la comunicación digital. “El Poder en la sociedad red es el Poder de la comunicación”. Con el desarrollo de Internet y la digitalización de la vida social, los flujos informativos se multiplicaron y descentralizaron. Ya no se trata solo de controlar la emisión de mensajes, sino de gestionar la visibilidad, la atención, la viralización. En este nuevo escenario, los algoritmos, las plataformas y los dispositivos se convirtieron en infraestructuras del poder contemporáneo. Para Castells, la lucha política es hoy una lucha por el control de la información que circula en las redes: quién la produce, quién la distribuye, quién la consume y bajo qué lógicas.
Byung-Chul Han, en cambio, llama la atención sobre una paradoja silenciosa: el poder ya no se impone mediante la censura, sino a través de la sobreexposición. En su libro La sociedad de la transparencia, denuncia cómo el ideal contemporáneo de visibilidad absoluta ha devenido en una forma sutil y eficaz de dominación. Han sostiene que nos autoexponemos voluntariamente en redes sociales, regalamos nuestros datos, nos vigilamos a nosotros mismos convencidos de que somos libres, y que esa transparencia exigida —desde arriba y desde abajo— debilita cualquier posibilidad de resistencia. En este régimen, la información no es solo un recurso, sino una trampa de control blando.
A diferencia del poder represivo del siglo XX, el poder digital del siglo XXI no castiga: seduce, entretiene, ofrece recompensas. Se basa en la producción constante de datos que son utilizados para monitorear, predecir y modelar comportamientos. Aquí la frase “la información es poder” se resignifica: la información que entregamos voluntariamente se convierte en una forma de sujeción invisible. Esta lógica opera tanto en las plataformas como en los espacios laborales, educativos y políticos.
Shoshana Zuboff profundiza esta tesis con su noción de “capitalismo de la vigilancia”. Según esta autora, las grandes corporaciones tecnológicas han desarrollado un modelo económico basado en la extracción, procesamiento y monetización de la experiencia humana. Cada búsqueda en Google, cada reacción en Instagram, cada ubicación registrada en el celular genera datos que son recolectados, analizados y convertidos en predicciones sobre nuestro comportamiento. Esas predicciones no solo se venden a empresas: también se utilizan para modificar nuestras decisiones, influenciar nuestras opiniones y manipular nuestras elecciones. La democracia, advierte Zuboff, está en riesgo si no recuperamos soberanía sobre nuestra información.
En 2018, se dio a conocer el caso de Cambridge Analytica que resulta paradigmático: millones de perfiles de Facebook fueron usados sin consentimiento para segmentar audiencias y bombardearlas con mensajes diseñados para reforzar sus miedos, prejuicios o deseos en la elección presidencial estadounidense en 2016 a favor del entonces candidato Donald Trump. No se trató solo de recolectar información: se trató de usarla para dirigir emocionalmente el voto de un segmento clave del electorado. El poder del dato ya no reside sólo en lo que revela, sino en lo que permite hacer.
En este nuevo escenario, la distinción entre información pública e información privilegiada cobra un peso estratégico. Una cosa es lo que se dice en los medios, en los discursos oficiales o en las redes abiertas. Otra, muy distinta, es la información que circula de manera restringida, procesada por agencias, consultoras, algoritmos o estructuras de inteligencia. Quien accede primero a ciertos datos, quien los interpreta mejor y quien los convierte en acción efectiva tiene ventaja concreta en la disputa política.
Y esa disputa ocurre todos los días, en todos los territorios. Desde un municipio que analiza datos locales para optimizar políticas públicas, hasta una organización social que elabora mapas de problemáticas comunitarias. Desde un dirigente que escucha en tiempo real las reacciones a su discurso, hasta un colectivo que construye observatorios propios para disputar sentidos. En todos los casos, la información es el insumo para tomar decisiones con inteligencia política, desde la vocación de Poder.
Por eso, frente a la concentración del poder informativo en manos de corporaciones y gobiernos, la militancia política debe dar una respuesta estratégica: formación en alfabetización digital, creación de estructuras propias de monitoreo, promoción del software libre, impulso de observatorios populares de medios y redes, entre otras herramientas.
En síntesis: de Hobbes a Zuboff, pasando por Foucault, Castells y Han, la frase “la información es poder” no solo se confirma, sino que se complejiza. Hoy más que nunca, organizarse también es organizar los datos en función de una estrategia, producir sustancia política que alimente esa estrategia, disputar la narrativa de futuro posible desde esa estrategia, resonar en cada rincón de la Patria por todos los medios a su alcance y, paralelamente; construir saber propio, asimilar ese conocimiento y ponerlo al servicio del Proyecto Nacional organizando las mayores porciones de Pueblo posibles.
Riesgos, dilemas éticos y disputas políticas del siglo XXI
Si aceptar que “la información es poder” fue el punto de partida moderno, en el siglo XXI debemos dar un paso más: la concentración informativa es poder desmedido, y su opacidad constituye una amenaza directa para cualquier proyecto democrático y popular. El problema ya no es solo quién tiene más datos, sino quién tiene la capacidad técnica, económica y política de procesarlos, interpretarlos y utilizarlos para orientar la conducta social a gran escala.
Hoy, una parte importante de esa capacidad está en manos de corporaciones que operan por fuera de los mecanismos institucionales tradicionales. Plataformas como Google, Meta, Amazon o X, no sólo concentran información: controlan la arquitectura mediante la cual esa información circula. Diseñan algoritmos que deciden qué vemos y qué queda oculto; ordenan jerarquías de visibilidad; moldean emociones; amplifican ciertos discursos y silencian otros. Su poder no es solo comunicacional: es estructural. Operan como nuevos mediadores de la vida pública, sin responsabilidad democrática alguna.
Aquí surge el primer dilema ético fundamental: ¿qué ocurre cuando el flujo informativo de millones de personas depende de una infraestructura privada cuyos criterios son demasiado opacos para la justa convivencia ciudadana y democrática? La respuesta está a la vista en fenómenos globales: radicalización política sin regulación, proliferación de campañas de desinformación profesionalizadas, burbujas informativas impenetrables y pérdida generalizada de confianza en las instituciones. La posverdad —que no es una Era sin verdad, sino una Era donde la verdad deja de importar— emerge como el efecto directo de este ecosistema donde los datos se manipulan para construir realidades a medida.
A esto se suma un segundo dilema: la brecha informativa. Así como existe una brecha económica y tecnológica, hoy existe también una brecha de acceso y comprensión de la información. Mientras las élites tecnológicas operan con analítica de datos y modelos avanzados de inteligencia artificial, amplios sectores sociales reciben información filtrada, deformada, manipulada, incompleta o simplemente falsa y mentirosa. En términos políticos, esto significa que el poder de interpretar la realidad está cada vez más concentrado. Quien no pueda procesar información por sí mismo, dependerá inevitablemente de narrativas ajenas.
El tercer dilema ético es la vigilancia. En un mundo donde cada movimiento deja huella digital, los datos pueden ser utilizados no sólo para fines comerciales, sino para disciplinamiento político. Desde el seguimiento masivo revelado por Snowden hasta el uso de tecnología de reconocimiento facial para perseguir opositores, la frontera entre seguridad y control social se volvió difusa. El riesgo no es abstracto: allí donde el Poder se siente amenazado, el manejo de la información personal puede convertirse en un arma.
Frente a este escenario, la militancia peronista no puede quedarse en la observación indignada de la mera crítica, debe construir alternativas. Democratizar el acceso a la información no es solo un acto técnico; es un acto profundamente político. Implica promover leyes de protección de datos, exigir transparencia algorítmica y disputar la soberanía tecnológica. Implica también crear estructuras propias de análisis: observatorios de medios-redes, equipos militantes de verificación, espacios de formación digital en los barrios y comunidades, construcción de indicadores propios y producción autónoma de información confiable. Un eje vertebrador del próximo e inevitable gobierno peronista debe ser un Plan Estratégico y Federal de Alfabetización Digital Ciudadana.
Desde la militancia organizada, el objetivo no es competir en volumen con las corporaciones o los Estados, sino construir inteligencia colectiva capaz de leer lo que ocurre, anticipar movimientos, desmontar operaciones y orientar decisiones. En una época donde la manipulación informativa puede definir elecciones, movimientos de mercados o conflictos sociales, la militancia organizada debe trabajar en la construcción de una ética popular del dato: usar la información para empoderar al Pueblo.
En definitiva, los dilemas éticos del presente nos recuerdan que el poder informativo no es neutral. Su uso puede fortalecer democracias o destruirlas, ampliar derechos o restringirlos, iluminar desigualdades o profundizarlas. Para el Proyecto Nacional y Popular, la tarea es clara: recuperar la soberanía sobre la información, democratizar el acceso al conocimiento y construir criterios autónomos para interpretar la realidad. Solo así la frase “la información es Poder” dejará de ser un diagnóstico y se convertirá en una herramienta efectiva para producir un futuro justo y verdaderamente democrático.
Actualizar a Hobbes desde Perón y la praxis justicialista
Cuando afirmamos que “la información es Poder”, partimos de una premisa que Hobbes intuyó en el siglo XVII. Pero para comprender su verdadero alcance político en el presente, no basta con teorías: hay que volver a la doctrina y la praxis de quien mejor leyó el fenómeno comunicacional en clave nacional, popular y latinoamericana: Juan Domingo Perón.
Perón no estudió la comunicación desde la abstracción filosófica, sino desde la conducción real de un pueblo vivo. Por eso sus reflexiones —en Conducción Política, La Comunidad Organizada, el Modelo Argentino, sus declaraciones públicas y su batalla contra las formas coloniales de propaganda— son más que teoría: son doctrina aplicable y probada en la práctica. Mientras los filósofos analizan el vínculo entre información y poder, Perón lo ejerció para organizar, elevar y emancipar a las mayorías.
Hobbes veía en la información el fundamento del orden del Estado. Foucault analizó el poder que produce “verdades”. Castells describió la centralidad de las redes. Han denunció la transparencia como vigilancia blanda. Zuboff reveló el capitalismo de datos; todo eso es valioso. Pero ninguno de ellos resolvió el problema esencial: ¿cómo usar la información para construir Justicia Social efectiva? ¿Cómo convertir el saber en organización comunitaria? ¿Cómo asegurar que el poder de la comunicación esté al servicio del Pueblo y no de las corporaciones o del coloniaje cultural?
Ahí es donde la palabra y la praxis de Perón iluminan más que cualquier teoría:
- La comunicación como ciencia: estudiarla para conducir mejor.
- La comunicación como fenómeno social: hablarle al pueblo organizado, no a individuos aislados.
- La comunicación como herramienta de poder: usarla para liberar, no para dominar.
- La comunicación como acto político: elevar la conciencia nacional y unir a la comunidad.
Perón enseñó que la comunicación no es neutral: o sirve para organizar al Pueblo o sirve para desorganizarlo. Por eso creó Télam, promovió leyes de radiodifusión soberanas, fortaleció a los sindicatos como emisores legítimos, democratizó la educación y formó conductores capaces de pensar doctrinariamente cada palabra dirigida al Pueblo. La soberanía informativa fue, para él, parte de la soberanía política.
Los desafíos actuales —Big Data, algoritmos, manipulación digital, concentración mediática, vigilancia blanda, posverdad— no son más que nuevas formas de aquel mismo conflicto que Perón diagnosticó hace 70 años: la lucha entre comunicación liberadora y comunicación colonizadora; las corporaciones tecnológicas de hoy cumplen el papel que antes cumplían los “trusts publicitarios” que él denunciaba. Y la respuesta sigue siendo la misma: formar cuadros, democratizar la información, construir inteligencia colectiva y organizar al Pueblo en torno a su propia narrativa y su propio proyecto desde sus propios sueños de Patria.
Por eso, actualizar a Hobbes hoy no implica solo entender que la información es Poder, sino entender cómo ese Poder se disputa, se orienta y se pone al servicio de las mayorías. La comunicación debe servir para organizar al Pueblo, elevar su conciencia y consolidar la Comunidad Organizada.
El futuro no pertenece a quienes acumulen más datos, sino a quienes sepan convertirlos en organización, conciencia y proyecto nacional. Ese es el camino que Perón nos marcó: el de usar la comunicación no como arma de manipulación, sino como herramienta de emancipación colectiva. Y en un mundo donde el barro se subleva también en las dimensiones digitales, la tarea histórica sigue intacta: organizar la información para organizar al Pueblo, y organizar al Pueblo para liberar la Patria.
